Se frena la causa del nieto de Estela Carlotto en beneficio de los apropiadores
Abuelas de Plaza de Mayo no interviene activamente en el caso por pedido de Ignacio Montoya Carlotto. El nieto recuperado teme que sus padres de crianza vayan a prisión. Se espera la sentencia para fines de 2020.
La versión se confirma con los abogados de la Asociación de Derechos humanos que llevan adelante el proceso judicial por delitos de lesa humanidad.
La historia comenzó el 2 de junio de 1978 cuando Ignacio nació en un hospital militar. Es hijo de Laura Carlotto hija de Estela Carlotto y Walmir «puño» Montoya dos militantes montoneros que fueron secuestrados y asesinados por los militares. Desde ese entonces su abuela busco a Ignacio incansablemente hasta que el 5 de agosto del año 2014 cuando la Jueza María Servini de Cubría llamó a la sede de abuelas de plaza de mayo y pidió hablar con Estela. Tras 36 años de búsqueda se hizo la luz «apareció mi nieto Guido» anunció Carlotto unos minutos después en una conferencia de prensa por el hallazgo del nieto 114.
[blockquote style=»1″]«Ignacio Montoya Carlotto no cree que las personas que lo criaron sean responsables de su apropiación cuando era bebé durante la dictadura. Estela Carlotto decidió no impulsar activamente el proceso de la causa judicial y fortalecer el vínculo con su nieto».[/blockquote]
Mientras abuela y nieto empezaban a construir el vínculo de un vacío de 36 años, la Justicia debía activar la causa por delitos de alteración de identidad y retención de un menor, además de la falsificación de su documento. Los principales acusados son Clemente Hurban y Juana Rodríguez, los trabajadores rurales que criaron a Montoya Carlotto en la localidad bonaerense de Loma Negra en Olavarría. Pero el nieto recuperado 114 nunca se sintió cómodo con la causa judicial que involucra a su “papá” y “mamá”, como él suele llamarlos.
Montoya Carlotto se refiere a Carlos Francisco Aguilar, terrateniente de Olavarría que criaba ganado y quien no solo fue presidente de la Sociedad Rural sino que también fue candidato a concejal en la lista Unión-Pro, en 2007. Aguilar era el empleador de Hurban y Rodríguez y sabía que el matrimonio no podía tener hijos. Por eso, un día les dijo en la estancia que había un bebé en La Plata, que era de una familia que no lo quería y que él se iba a encargar de los papeles. Les aseguró que era todo legal. El matrimonio Hurban y Rodríguez se subieron al auto del terrateniente para viajar a la Capital de Buenos Aires y recibir al bebé en manos de Aguilar.
[blockquote style=»1″]»Los abogados de abuelas de plaza de Mayo mencionaron que no presentaron pruebas ni estamos interviniendo activamente».[/blockquote]
Cuando Montoya Carlotto dudaba de su identidad fue hasta el registro civil y le dieron una copia de su partida de nacimiento. La dirección que figuraba en el documento no pertenecía a ningún hospital, sino al domicilio del propio Aguilar. Entonces, llamó a la sede de abuelas de plaza de mayo y se hizo una prueba de ADN, por la que a los pocos días después se enteró quien era verdaderamente. En marzo de ese año, unos cinco meses antes del anuncio del hallazgo de Montoya Carlloto Aguilar moría a los 74 años de edad.
Según los abogados querellantes y defensores, actualmente, los procesados en la causa son Clemente Hurban y Juana Rodríguez, por los delitos de alteración, retención y ocultamiento de identidad a menor, además de la falsificación del documento de Montoya Carlotto. También está procesado el ex médico policial Julio Sacher, que está indicado como el autor de manipular el acta de nacimiento. El proceso judicial radica en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, a cargo de Julián Ercolini, y el fiscal es Carlos Stornelli.
La causa está en ‘plenario’, lo que significa que se está llevando a cabo la investigación y la presentación de pruebas de las partes por escrito. El caso avanza, pero no hay mucha novedad.
Sin embargo, la causa data del año 1991, cuando Estela Carlotto hizo una denuncia en la Capital Federal porque había tres niños inscriptos irregularmente y sospechaba que uno de ellos podría ser Ignacio.
Es por eso, que esta causa se trabaja por “código viejo”, que funcionó hasta 2015. Todo se tramita por escrito y sin juicio oral. El juicio ya está en marcha y, cuando el juez lo considere, dictará sentencia con fecha estimativa para finales del año que viene”. Las penas que podrían tener hasta 15 años de prisión para cada uno de los procesados.
“Pidieron que se tomen declaraciones a los vecinos de la localidad que conocían a Aguilar. También encomendaron a un antropólogo social para que haga un informe sobre la vida en el paraje rural durante la dictadura. Quieren demostrar que estaban aislados de lo que pasaba en el país y que no sabían que había desapariciones de personas ni apropiaciones de niños y que su patrón tenía una fuerte influencia sobre ellos”.
Estela no interviene más activamente para acelerar el procesopor los sentimientos de Ignacio, quien quiere a sus padres de crianza y no cree que sean culpables. Ella toma en cuenta la posición de su nieto”.
Fuente perfil y el equipo de investigación dirigido por Rodrigo Lloret y está integrado por los mejores egresados del posgrado de periodismo de investigación de perfil educación.

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