La Procuración bonaerense ordenó a los fiscales y defensores controlar los tiempos de prisión preventiva para resolver con celeridad estos casos, además de reevaluar medidas de coerción, cuando implique trato cruel o degradante para los detenidos.

La decisión de la institución se tomó luego de un pedido expreso de la Suprema Corte y de una huelga de hambre que abarcó todas las cárceles de la Provincia.

La medida está contemplada en una resolución del Procurador Julio Conte Grand, en la que se instala a los miembros del ministerio público a hacer una reevaluación de las medidas de coerción cuando implicaran trato cruel, inhumano o degradante y ordenó a los miembros del Miniterio Público Fiscal extremar los controles de la prisión preventiva para que se resuelva en el tiempo oportuno la situación de las personas que se  encuentran bajo esta medida.

La resolución llega luego de que la Corte pidiera  a través de dos resoluciones que se haga un uso razonable de la prisión preventiva  y que sugiriera, además que el Gobierno traslade a algunos de los casi 50.000 presos de esta Provincia a penales de otras jurisdicciones a efectos de atenuar el hacinamiento en las cárceles, calificado por la justicia como una crisis humanitaria.

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