La Cámara de Diputados de la Nación aprobó, por amplia mayoría, y giró al Senado el proyecto de ley de góndolas, que obliga a los supermercados a diversificar la oferta de sus productos, para evitar oligopolios o abusos de “posición dominante” e impedir subas “injustificadas” de los precios de los alimentos.

La iniciativa consensuada entre oficialistas y opositores fue aprobada por unanimidad, con el voto favorable de 182 diputados y 17 abstenciones.

El proyecto establece que las cadenas comerciales podrán otorgar a un grupo empresario o proveedor el 30% de una góndola, que deberá compartir con al menos otros cinco proveedores.

También determina que se le deberá brindar 25% a los productos de las pymes y un 5% a los de la agricultura familiar.

Además, se fija que en las islas de exhibición y anaqueles contiguos a las cajas –que configuran los sectores más codiciados– se deberán presentar en un 50% del espacio productos elaborados por micro- y pequeñas empresas nacionales, o por cooperativas y mutuales.

Esta iniciativa se aplicará a los productos alimenticios, bebidas, higiene y limpieza, “a fin de tener precios transparentes y competitivos, en beneficio de los consumidores”, se indicó.

También se busca “mantener la armonía y el equilibrio” entre los distintos actores involucrados “con la finalidad de evitar que realicen prácticas comerciales que perjudiquen o impliquen un riesgo para la competencia u ocasionen distorsiones en el mercado”.

Fomentar la agricultura familiar, campesina e indígena

Asimismo, se intenta “ampliar la oferta de productos artesanales o regionales nacionales producidos por las micro-, pequeñas y medianas empresas”, y “fomentar, a través de un régimen especial, la oferta de productos del sector de la agricultura familiar, campesina e indígena”.

Los sujetos alcanzados por la futura ley son los supermercados, autoservicios de productos alimenticios o no alimenticios, cadenas de negocios minoristas, organizaciones mayoristas de abastecimientos, tipificadores-empacadores de productos perecederos y centros de compras.

Los productos de menor precio conforme la unidad de medida deberán encontrarse a una altura equidistante entre el primero y último estante. En locaciones virtuales, deberá garantizarse que estos productos se publiquen en la primera visualización de productos de la categoría en cuestión.

El proyecto establece que “queda prohibido generar una exclusión anticompetitiva de proveedores por el alquiler de espacios en góndolas o locaciones virtuales, o espacios preferenciales en góndolas o locaciones virtuales”.
Los supermercados no podrán exigirles a los proveedores aportes o adelantos financieros por ningún motivo. Asimismo, en la negociación contractual entre supermercados y proveedores no podrá oponerse como condición la entrega de mercadería gratuita o por debajo del costo de provisión, ni ninguna otra práctica contraria a la competencia.

El proyecto también crea el Código de Buenas Prácticas Comerciales de Distribución Mayorista y Minorista, que deberá incluir las prácticas consideradas “abusivas” según esta norma y las leyes ya vigentes en la materia.

Con información de Télam y Parlamentario