Más del 70% de las empleadas domésticas se encuentra en la informalidad.

Este tipo de empleo es la rama de ocupación más feminizada y perciben la mitad del salario mínimo

El 3 de abril se celebra el Día de la Empleada Doméstica en conmemoración a la promulgación de la Ley 26844 del Régimen especial de contrato de trabajo para el Personal de Casas particulares, en 2013.

Según un informe realizado por Natsumi Shokida, miembro de Economía Feminista y trabajadora del INDEC, a partir de los datos surgidos de la Encuesta Permanente de Hogares en 2018, en la Argentina 881.348 personas se dedican al servicio doméstico, lo cual representa al 22% de las trabajadoras asalariadas en nuestro país.

Además, este tipo de empleo es la rama de ocupación más feminizada, ya que el 97,6% de los trabajadores son mujeres, mientras que solo el 2,4% son hombres. Sin embargo, en este sector el 75,8% de las empleadas no percibe descuento jubilatorio, por lo que se encuentra en la informalidad.

Si bien la mayoría de las empleadas domésticas se desempeña en un solo hogar, el 14% trabaja en dos, el 6,3% en tres y el 2,3% en cuatro. Esto se debe a que el salario es de los más bajos de la economía, ubicándose en torno a los $6000 mensuales, teniendo en cuenta que el salario mínimo vital y móvil en Argentina se sitúa en el $12500.

“De acuerdo a la reglamentación, el sueldo promedio por hora debería ser de $100, pero por la tasa de no registro, esto depende de lo que la empleada arregle con el patrón”, explica Candelaria Botto, vocera de la organización.

Con respecto a los derechos correspondientes a cualquier empleado que trabaja en relación de dependencia, el 70% asegura no tener vacaciones pagas, el 68% no percibe aguinaldo, el 73% no cuenta con días pagos por enfermedad, con lo cual si no va a trabajar no cobra, y el 75% no tiene obra social.

“Los números son alarmantes ya que solo 1 de cada 4 están registradas. Esto tiene que ver con que si bien hubo avances en la regulación de las trabajadoras domésticas a partir de 2013, siguen teniendo un régimen especial, es decir que la sociedad no entiende al trabajo doméstico como un trabajo más”, describe Botto.

Por este motivo, desde la organización reclaman políticas públicas que permitan reglamentar y darle un marco jurídico a esta actividad, cuyo principal problema es que se desarrolla en los hogares de forma atomizada y no permite que las trabajadoras se unan para elevar los reclamos.

Además, como “el patrón, dentro de la legislación, también está visto como trabajador, entonces hay ciertas diferencias con respecto a cualquier otro contrato de trabajo. Incluso los aportes que se hacen los realiza mayoritariamente el Estado y no los patrones”, explica.

A partir de la reglamentación surgida en 2013, formalizar a una empleada doméstica es un trámite sencillo que se realiza de forma online. “Hoy incluso se pueden hacer exenciones de ganancias, donde lo que se pagaría de diferencia se termina condonado con ese impuesto”, agrega Botto.

La precarización laboral que se refleja en este tipo de empleo, también repercute en la desigualdad de la mujer en la sociedad, ya que tradicionalmente, las tareas de cuidado y limpieza del hogar la realizan las mujeres.

Desde hace un tiempo, la cantidad de familias que contratan empleadas se ha incrementado de la mano de la inserción creciente de las mujeres en el mercado de trabajo. “Cuando esas mujeres que salen al mercado laboral necesitan tercerizar esa tarea en otra mujer, que en su mayoría son pobres, inmigrantes y en condiciones de vulnerabilidad, y que necesitan salir a su vez al mercado laboral. Porque justamente en el trabajo doméstico no remunerado, como es el cuidado de los niños, enfermos y ancianos en el seno del hogar, y otras tareas relacionadas con el mantenimiento del mismo, el Estado no tiene incidencia”.

Por otra parte, las trabajadoras domésticas, por trabajar en el espacio más íntimo de la familia, pareciera que forman parte de las relaciones afectivas. «Esta confusión de los lazos familiares con los laborales«, es lo que durante años llevo a perpetuar la informalidad, la baja remuneración y la dificultad del acceso a derechos laborales.

Aunque la nueva ley supuso muchos avances, también se reeditaron limitaciones a los derechos, fundamentadas en las “particularidades” del trabajo doméstico, de ahí que se las englobe en un «régimen especial».