El hecho ocurrió el 25 de enero del año 2010 , cuando asesinaron  a un reconocido abogado penalista de nuestra ciudad, quien fue secuestrado en su domicilio particular y al cabo de unas horas fue encontrado sin vida.

Alonso estaba maniatado con cinta de embalaje, tenía siete disparos  de arma de fuego y un billete de un dólar en su boca sobre el asiento trasero de un Peugeot 307 que estaba estacionado sobre la calle Chiclana al 2100.

Luego de varias tareas de investigación se pudo establecer que el prófugo se ocultaba en una vivienda de la localidad de Villa Rosa, Partido de Pilar. A raíz  de eso, se montó un discreto operativo de vigilancia en la zona, logrando su detención a pocas cuadras de su domicilio mientras caminaba por la calle Juan Domingo Perón al 700 de la mencionada localidad del norte de la Provincia de Buenos Aires.

El detenido, un Argentino de 55 años  de apellido Reynaldo Gabriel Castilla Rocha, quedó a disposición del Juzgado interventor en una causa caratulada como «homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por la participación de dos o más personas y privación ilegal de la libertad».  

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La Historia del macabro hecho con tintes mafiosos

Hallan el cuerpo de un abogado de Olavarría maniatado y con un billete de un dólar en la boca

El cadáver del reconocido penalista local Marcos Alonso fue encontrado en el asiento trasero de su propio vehículo, abandonado en una calle de la cabecera del partido.

Un auto Peugeot 307 gris, dominio FQM259, fue hallado esta madrugada cerca de las 2, estacionado sobre la calle Chiclana entre Pellegrino y Del Valle, de la ciudad de Olavarría. En su interior se encontraba el cadáver de su propietario, el reconocido abogado penalista local Marcos Alonso, con un balazo en la cabeza y maniatado.

El cuerpo del letrado se hallaba en el asiento trasero, maniatado, amordazado y con un disparo en la cabeza. También tendría una herida de arma de fuego en el tórax, a la altura del corazón. Fuentes policiales aseguraron, en declaraciones televisivas, que tenía un billete de u$s1 en la boca.

La desaparición había sido denunciada por su esposa ayer, cerca de las 20. No obstante, su último contacto con él había sido a las 14:30, cuando Alonso la llamó para decirle que iba a regresar más tarde a su casa porque tenía tareas laborales que realizar.

Los pesquisas estiman que el automóvil con el cuerpo fue abandonado en el lugar ayer cerca de las 16, ya que algunos vecinos del barrio afirman haber visto marchar con prisa por Chiclana hasta Del Valle otro vehículo, cuyas características están bajo análisis.

Por otra parte, y si bien aún no tienen en claro quién podría estar detrás de este crimen, los investigadores confirmaron que el viernes pasado Alonso había sido amenazado por cuestiones vinculadas con su trabajo. Estiman también que en este asesinato, con tintes mafiosos, podría haber participado una persona conocida del letrado, que hubiese actuado como «entregador».

La autopsia será realizada esta mañana en la morgue del partido bonaerense de Azul.

La trama secreta de un crimen mafioso

Durante los últimos días de diciembre y la primera quincena de enero pasado, la ciudad  fue escenario de una escabrosa historia de corrupción, traición y muerte.

La compleja trama tiene como ejes al juez de Garantías Antonio Saladino, de quien la Justicia sospecha que cobró una suma de dinero por parte de un abogado para que liberara a Walter Gallastegui, un conocido malviviente local, acusado de disparar 11 tiros contra Fabricio Armendano y al letrado Marcos Alonso, asesinado el 25 de enero pasado.

Para los investigadores ambos elementos abonaban la hipótesis sobre un asesinato con ribetes mafiosos.

«Hicieron que Marcos quedara como un mentiroso, cuando él no había mentido. Marcos no confundió nada. Marcos no le mintió a su defendido. No fue que Marcos le dijo que tenía todo arreglado. A su defendido le planteó eso con lo que él se había comprometido. Marcos cumplió con su palabra. La otra parte no», dijo Fabiana Márquez ante la fiscal que investiga el asesinato de su esposo y ante los instructores a cargo del caso Saladino.

«A Marcos lo mataron o bien porque se quedó con un vuelto o fue un ajuste de cuentas. Por eso mata la mafia», dijo Armendano , postrado en una cama, al lado de la silla de ruedas que le regaló Alonso. Los once balazos le dieron en la cadera y en las piernas, por eso Armendano logró sobrevivir, pero quedó inmovilizado.

Según consta en la investigación que, el jueves pasado, derivó en la apertura del juicio político contra Saladino, el magistrado rechazó el pedido de excarcelación de Gallastegui, que había sido presentado por el propio Alonso, a pesar de que, días antes, le habría indicado por e-mail cómo debía escribir dicha solicitud para que el acusado fuera liberado.

Saladino no sería el único funcionario judicial sospechado de connivencia con abogados penalistas como Alonso para liberar presos a cambio de dinero. En la mira de la Justicia, aparece un fiscal al que le iniciaron un sumario administrativo.

Esos e-mails fueron incorporados en la causa judicial que instruyó la Unidad Funcional de Investigación de Delitos contra la Administración Pública de Mar del Plata. También fueron analizados por los 11 integrantes del jurado de enjuiciamiento que consideraron que existían suficientes pruebas para iniciar el proceso contra Saladino y que no era necesaria una instrucción suplementaria.

Once balazos en la noche

El caso que provocó el juicio político contra Saladino comenzó el 14 de noviembre del año 2010. Esa noche, Armendano recibió 11 balazos en la puerta del pool McQueen, en el centro de esta ciudad.

La investigación de ese hecho recayó en el juzgado de Garantías N° 2, a cargo del juez Villamarín, y fue acusado el mencionado Gallastegui, quien estuvo 50 días prófugo.

En enero, Villamarín tomó la licencia de verano y Saladino quedó a cargo de los dos juzgados. Entonces, Alonso sugirió a Gallastegui que se presentara porque, supuestamente, había acordado con Saladino que cambiaría la acusación que había fijado originalmente Villamarín y que pasaría de intento de homicidio a lesiones graves, una calificación que permite la excarcelación.

El supuesto acuerdo entre Alonso y Saladino habría quedado expuesto en los mencionados e-mails y en la declaración de la esposa del abogado, quien sostuvo que acompañó a su esposo a la casa del juez y que su marido llevaba una importante suma de dinero. Aunque la mujer no fue testigo directo de la supuesta entrega del dinero, para los investigadores judiciales esa declaración y los e-mails constituyen indicios del presunto acuerdo.

Pero una oficial del juzgado a cargo de Villamarín alertó al magistrado que Saladino se disponía a tomar una decisión sobre la causa Gallastegui. Entonces, Villamarín, que estaba de vacaciones, llamó por teléfono a Saladino y le advirtió sobre las consecuencias de liberar a Gallastegui. Luego de una discusión de una hora, Saladino decidió rechazar el pedido de excarcelación que, presuntamente él mismo había ayudado a confeccionar, y Gallastegui quedó preso.

En su casa, Saladino dijo que no podía hablar del expediente, pero rechazó las acusaciones por cohecho en su contra y negó que su resolución por el caso Gallastegui tuviera algún tipo de vinculación con el homicidio de Alonso.