Entre tanta investigación, juicios, responsabilidades y denuncias, después de esta década y media, ya no quedan detenidos por este hecho luctuoso que se desató por el fuego que se produjo en el boliche de la calle Bartolomé Mitre, en la zona de Once, en vísperas del Año Nuevo, y nunca se supo quién encendió la bengala que inició el incendio.

Esa noche, República Cromañón recibía a la banda Callejeros, en el último concierto de ese 2004. El ritual rockero de la época marcaba que los fanáticos encendían bengalas y todo tipo de cotillón para seguir a sus músicos favoritos, en ese caso surgidos de Villa Celina y liderados por Patricio Santos «Pato» Fontanet.

Una bengala, del tipo «tres tiros» impactó la media sombra puesta para cubrir los paneles acústicos y todo se convirtió en tragedia, debido a que el fuego comenzó a propagarse y también el ácido cianhídrico, producto de la combustión de la espuma de poliuretano de los paneles.

Los espectadores comenzaron a correr desesperados a oscuras -se había cortado el suministro eléctrico- y la salida estaba cerrada, lo que produjo que muchos de los asistentes murieran en los primeros minutos. Otros de los fallecidos fueron quienes una vez que lograron salir, volvieron a ingresar para rescatar a algún amigo o familiar y el humo tóxico los abatió.

El saldo trágico dejó a 194 muertos y 1.432 heridos, lo que produjo un colapso en la red hospitalaria en esa calurosa noche del 30 de diciembre.

La posterior investigación desnudó un sinfín de irregularidades, desde la capacidad del lugar -totalmente excedida- a la poca seguridad, la falta de reglamentación y la desidia de quienes tenían que revisar que todo funcionara con normalidad.

La Tragedia de Cromañón provocó la destitución del entonces jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, quien fue sustituido por Jorge Telerman, y la revisión de todos los locales para recitales en la Ciudad de Buenos Aires, sumiendo a la industria musical en una gran incertidumbre, ya que los controles se extendieron a otras jurisdicciones.

El gerenciador del lugar, el ya fallecido empresario artístico Omar Chabán, fue detenido y hallado responsable, junto a su mano derecha, Raúl Villarreal, como así también a los integrantes de la banda Callejeros, y varios funcionarios porteños, por la falta de inspección y control del lugar.

En 2009 la Justicia condenó a Chabán, Diego Argañaraz (mánager de la banda) y al comisario Carlos Díaz, responsable de la comisaría 7ª de la Policía Federal por «estrago doloso seguido de muerte y cohecho», además de dos funcionarios por «incumplimiento de deberes».

En la revisión del juicio, la Cámara de Casación cambió la carátula y pasó «estrago culposo seguido de muerte», por lo que condenó a los integrantes de Callejeros, y más tarde también fue sentenciado Rafael Levy, dueño del local.

No obstante, a 15 años de la tragedia no quedan detenidos por el hecho, ya que Chabán murió en noviembre de 2014 y en mayo de 2018 y el cantante Patricio «Pato» Fontanet fue el último en recuperar su libertad. Si bien el ex baterista de la banda, Eduardo Vázquez, está preso, no por este episodio, sino por una condena a reclusión perpetua por el femicidio de su esposa, Wanda Taddei.

Tras el tiempo transcurrido y las investigaciones realizadas, aún se desconoce el nombre de la persona que prendió la bengala que desató el caos y la muerte.

Debate legislativo: juicio político, subsidios y homenajes

Desde el 30 de diciembre de 2004, cuando se registró la Tragedia de Cromañon, la Legislatura porteña fue escenario de acalorados debates que definieron la suerte de dirigentes políticos, la asignación de subsidios, el homenaje a las 194 víctimas y hasta intentos nunca concretados para la expropiación del edificio de la calle Bartolomé Mitre al 3000.

El 2019 se inició con malas nuevas para los sobrevivientes y familiares: a fines de febrero denunciaron que el dueño del local donde funcionaba el boliche, el condenado Rafael Levy, había retomado el control del predio y comenzaba a hacer modificaciones.

Así, en febrero y marzo, se presentaron dos proyectos para proteger el sitio como un espacio de memoria, a través de una «patrimonialización» o gracias a la simple expropiación, pero las iniciativas no consiguieron siquiera ser discutidas en comisiones. Sin embargo, la Legislatura sí dio su visto bueno a la construcción de un monumento en memoria de los fallecidos que había sido ordenada por un fallo judicial.

Haciendo historia, la contención a víctimas y familiares alcanzó forma definitiva con la ley de «Reparación Integral» aprobada en noviembre de 2013 en la que se incluía la «atención en salud mental, los controles neumonólogicos, los tratamientos de oncología y la preferencia para cubrir vacantes laborales en el sector público».

«La ley fue reglamentada rápido para la parte del subsidio pero fue muy lenta y muy mala en la parte de salud y especialmente de empleo. Como tenía un plazo de cinco años, a fines de 2018 se actualizaron los montos con una nueva ley que tiene tres años de duración», comentó Belkys Contino, una de las sobrevivientes.

Con el correr de los años también se votaron homenajes de todo tipo,