Crimen de Lucio Dupuy: «Es el estado el que debe garantizar los derechos», así fue emitido en una nota de opinión desde la agrupación Libres del sur  y las MuMaLa.

«El 26 de noviembre de 2021 Lucio fue asesinado a golpes por Magdalena Espósito Valenti -su progenitora- y Abigail Páez -pareja de Magdalena- quienes tenían a su cargo el cuidado de Lucio. Este es un juicio que ya lleva 18 audiencias y en el día de hoy el tribunal integrado por Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora determinó la responsabilidad penal de la madre, Magdalena Espósito Valenti, y de su pareja, Abigail Páez por la muerte de Lucio Dupuy. La condena se conocerá el 13 de febrero».

Por otro lado, mencionan que ambas «están imputadas por los delitos de «homicidio agravado con ensañamiento y alevosía» y «abuso sexual gravemente ultrajante».

«El asesinato de Lucio Dupuy es un hecho aberrante y brutal y como tal exigimos que la justicia actúe en consecuencia. No somos ajenas a los debates que se han querido instalar sobre la «responsabilidad feminista» en el caso de Lucio, por el hecho de que sus asesinas son mujeres, lesbianas y autodefinidas como feministas; poniéndonos en la situación de aclarar que el feminismo no mata, ni enseña a matar y mucho menos defiende estos hechos. Todo lo contrario, hablamos de la responsabildad consciente de dos personas que decidieron lesionar y
asesinar a un niño; desconocemos los motivos, no fue por feministas o por lesbianas».

Por último remarcaron «la cadena de responsabilidades es larga, y empieza claramente por ellas, pero hubieron alertas que no fueron tomadas en cuenta y que tienen que ver con la justicia patriarcal, que reproduce estereotipos sexistas, sosteniendo que el rol natural y única persona «idónea y con capacidad de cuidar» es la madre. Y no en todos los casos es así; por eso mismo es necesario que se lleven a la práctica efectivamente los preceptos que la
Ley de Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes N° 26.061 vigente desde 2005 dispone y que se refuercen y doten de profesionales las instituciones encargadas de velar por esos derechos; porque sin llegar a casos extremos como el de Lucio hay una falta total de acompañamiento si hablamos de menores. Es el Estado el que debe garantizar su aplicación y monitoreo».