El Gobierno nacional lo hizo este martes a través del Boletín Oficial.

El Gobierno nacional precisó hoy el alcance de las licencias a trabajadores estatales y privados, por un plazo de 14 días corridos, debido al coronavirus, que incluyen la autorización a no concurrir al lugar de trabajo para el personal de la administración pública nacional y la recomendación de «disminuir» la presencia de trabajadores en las empresas.

Las precisiones fueron informadas a través de la decisión administrativa 390 de la Jefatura de Gabinete, que encabeza Santiago Cafiero, y la resolución 207 del Ministerio de Trabajo, que conduce Claudio Moroni,  ambas publicadas hoy en el Boletín Oficial.

A través de la decisión oficial, se autorizó a no concurrir a su lugar de trabajo, por un plazo de 14 días corridos, al personal de la administración pública nacional, a excepción de aquellos que revistan en «áreas esenciales o críticas o de prestación de servicios indispensables«, como la salud, a causa de la pandemia del coronavirus.

Además se autoriza a los trabajadores a realizar sus «tareas habituales u otras análogas en forma remota», previa notificación a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

La medida autoriza también a «dispensar del deber de asistencia a su lugar de trabajo«, por 14 días, a las personas que estén «comprendidas en alguno de los grupos de riesgo conforme la definición de la autoridad sanitaria nacional», que comprenden las personas mayores de 60 años, las embarazadas y grupos de riesgo.

Entre estos últimos se incluyen las personas con enfermedades respiratorias crónicas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC], enfisema congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o severo.

También, a las personas que padecen insuficiencia cardíaca, enfermedades coronarias, valvulopatías y cardiopatías congénitas; con onmunodeficiencias; y con diabetes, insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los próximos seis meses.

La decisión administrativa aclara que las personas mayores de 60 años que sean consideradas «personal esencial o estén afectados a alguna actividad crítica o de prestación de servicios indispensables, no se les otorgará dispensa, salvo que presenten las comorbilidades mencionadas para los grupos de riesgo».