Sin la piedra: lo que Olavarría podría perder si cae el Derecho de Explotación de Canteras

Por Redacción Portal Urbano

Dos demandas en la Justicia Federal, una crisis minera que ya erosiona la recaudación, una Provincia con menos fondos para repartir y una Nación que mira con recelo las tasas municipales. El recurso que más aporta a las cuentas del Municipio atraviesa su momento más frágil en casi ocho décadas.

Una unanimidad que dice más de lo que parece

En un recinto donde los cruces entre oficialismo y oposición son parte del paisaje, todos los bloques del Concejo Deliberante firmaron el mismo proyecto. Ingresó el 19 de noviembre, bajo el expediente 423/26, y se tratará en sesión especial el 3 de diciembre: declara al Derecho de Explotación de Canteras “recurso estratégico” para el desarrollo del Partido.

Cuando fuerzas políticas que casi nunca coinciden se ponen de acuerdo en una sola semana, la lectura es una sola: adentro del Palacio Municipal saben que hay algo grande en juego. El disparador fueron las demandas de Canteras Argentinas S.A. y Cantera Piatti S.A. ante el Juzgado Federal N° 2 de Azul, que piden declarar inconstitucional el tributo, suspender su cobro y evitar embargos. En el caso de Piatti, la deuda en disputa supera los $348 millones, acumulados entre agosto de 2024 y septiembre de 2026.

Cuánto pesa la piedra en las cuentas de Olavarría

El Presupuesto 2026 prevé $21.999 millones por este derecho, el 15,9% del total. Entre julio y septiembre se recaudaron $5.945 millones, el 15,6% de los ingresos presupuestarios de ese trimestre, según informó el Municipio. Otras estimaciones periodísticas lo ubican cerca del 20% de los ingresos totales: según cómo se mida, entre uno de cada seis y uno de cada cinco pesos.

Para dimensionarlo: el Presupuesto 2027 proyectado asciende a $189.579 millones. Si la piedra mantuviera su peso de hoy, hablaríamos de unos $30.000 millones. Es un cálculo de referencia de esta redacción, no una cifra oficial, y el propio Municipio advierte que “muchos menos recursos” están entrando que antes. Como comparación de escala, el ejercicio 2025 cerró con un déficit de casi $4.956 millones: el monto presupuestado de la piedra para 2026 equivale a más de cuatro veces ese rojo.

Además, no es un recurso cualquiera: el propio Concejo ha señalado que se trata de un ingreso de libre disponibilidad, es decir, plata que no viene atada a un destino específico y que permite sostener el funcionamiento cotidiano del Estado local.

El flanco legal: Azul y el “fallo Marengo”

Las empresas se apoyan en un antecedente regional. El 27 de marzo de 2024, el Juzgado Federal N° 2 de Azul declaró inconstitucional el derecho de canteras de ese distrito en la causa Marengo S.A. El 29 de agosto de 2025, la Cámara Federal de Mar del Plata lo confirmó y le impuso las costas al Municipio de Azul. Los jueces entendieron que el tributo era análogo al IVA, lo que choca con la Ley de Coparticipación, y que Azul ni siquiera intentó probar qué servicio prestaba a cambio. Después de Marengo, otras empresas, como Constructora Dos Arroyos, consiguieron cautelares para no pagar

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En Olavarría hay quienes ven el escenario distinto, y corresponde decirlo. El exsubsecretario de Legales Amílcar Dirazar sostuvo que “no gravamos la venta, gravamos la extracción” y que la ciudad está “bastante mejor posicionada” que Azul.

Hay además un fallo de la Suprema Corte bonaerense de 1949 que reconoció la facultad de Olavarría de cobrar por la explotación de canteras, y la Ley Orgánica de las Municipalidades menciona expresamente esa fuente de recursos.

Pero hay un detalle que debe inquietar: según la propia ordenanza fiscal, el valor por tonelada de la piedra granítica se determina a partir del 3% del precio promedio de venta, sin IVA. Es exactamente el mecanismo que las empresas usan para decir que, en los hechos, el tributo grava la venta. Y Canteras Argentinas pidió una pericia contable para saber cuánto recauda el Municipio, qué incidencia tiene en el presupuesto y cuáles son los costos reales de las tareas de control. En su presentación sostiene que la comuna se limita a recibir declaraciones juradas. Ese es el terreno donde se juega la causa.

Las empresas, por su parte, no litigan en el vacío: atraviesan una crisis real, y eso también explica la ofensiva.

La tormenta perfecta

El problema de fondo es que la piedra no solo está en riesgo jurídico; también se está achicando por la economía.

  • Menos producción. En julio se informó que las canteras de granito triturado trabajaban al 30% de su capacidad. La cementera Loma Negra apagó durante meses el horno principal de L’Amálí y la cantera Galasur despidió a 19 trabajadores en septiembre. En octubre se despacharon 886.987 toneladas de cemento en el país, un 8,9% menos que un año atrás. En el Encuentro por el Día de la Minería se habló de una caída cercana al 40% en la producción de hormigón y piedra partida.
  • Menos recaudación. Ya en septiembre de 2025, Desarrollo Económico calculaba entre $4.000 y $4.500 millones menos en el presupuesto por la baja de actividad frente a 2023. La jefa de Gabinete, Mercedes Landivar, lo resumió al presentar el Presupuesto 2027: “nos está entrando muchísimo menos recurso de lo que nos entraba”.
  • Una Provincia sin colchón. La coparticipación a los 135 municipios bonaerenses cayó 9,5% real en el primer cuatrimestre de 2026, según un relevamiento periodístico, y una consultora estimó una caída de 12% real en el primer bimestre. Varios intendentes tuvieron que pedir adelantos de coparticipación para pagar aguinaldos. En el debate del Presupuesto 2026, la exposición en el Concejo situaba en 45% la porción de los ingresos de Olavarría que depende de fuentes provinciales.
  • Una Nación que mira las tasas con desconfianza. El oficialismo presentó en Diputados un proyecto de “Régimen de Validez Constitucional de las Tasas Municipales” que exige una contraprestación concreta. El equipo económico buscó incluir las tasas municipales en un pacto fiscal con las provincias, y esta semana la Unión Industrial Argentina propuso exigir que las tasas respondan a “servicios efectivamente prestados”. El viento político, hoy, no sopla a favor.

Si la piedra se cae: lo que está en juego

Nadie puede prever hoy el desenlace judicial. Pero la pregunta de qué pasaría tiene que hacerse en voz alta, porque los números muestran dónde duele.

Los sueldos. En 2025, el gasto en personal sumó más de $63.256 millones, más de la mitad del gasto total, y el Municipio ya cerró ese año con déficit. Con un tercio menos de recursos propios, la tensión salarial con los trabajadores municipales, que ya reclaman recomposición, sería difícil de contener.

La salud. El Presupuesto 2027 pone a Salud como primera prioridad, justamente porque la demanda del sistema público crece por los vecinos que perdieron el empleo y su obra social. Esta misma semana celebramos el mural de Neonatología y se recordó que Maternidad y Neonatología figuran entre las obras previstas. Cada obra proyectada es un compromiso que depende de esa caja.

Las obras y los servicios. Las luminarias LED, el canal de calle Márquez, la preparación ante El Niño, la Guardia Urbana recién presentada y sus patrulleros: todo lo que el Municipio mostró esta semana se sostiene con recursos que hoy están bajo la lupa. Y ya sabemos que la obra pública nacional se retiró del Partido.

El comercio y el empleo. Menos piedra extraída significa menos camiones, menos jornales y menos consumo en los negocios de barrio. Con la campaña Comprá Local a las puertas, el círculo es evidente: lo que no cobra el Estado ni lo que dejan de ganar los trabajadores vuelve como menos ventas.

La tentación del ajuste sobre el vecino. Si falta plata, el camino más corto es subir otras tasas. En un contexto de cobrabilidad golpeada, sería trasladar al bolsillo del vecino un problema que nació en otro lado.

En el escenario más duro, que ojalá no ocurra, un fallo adverso podría abrir también reclamos de otras empresas del sector, que podrían pedir lo mismo, y discusiones sobre lo ya abonado. Es un riesgo jurídico que los abogados del Municipio sabrán medir mejor que cualquiera; lo que nos corresponde es advertir que existe.

Hay otro dato para no pasar por alto. Esta semana el Gobierno nacional aprobó el ingreso al RIGI del parque eólico La Rinconada: u$s230,7 millones de inversión a 40 kilómetros de la ciudad, cuya energía abastecerá a la planta Siderca, en Campana. Es una buena noticia para la inversión, pero la pregunta incómoda sigue ahí: ¿cuánto de esa inversión quedará en las arcas locales? No alcanza para reemplazar una pieza de $22.000 millones.

Lo que falta: un plan B

La declaración del 3 de diciembre es un gesto necesario, pero no es una defensa jurídica ni una estrategia fiscal. Para que sirva de algo, debería ir acompañada de al menos cuatro movimientos.

  1. Probar el servicio. Azul perdió en buena medida porque no demostró qué presta a cambio. El Municipio debería tener ordenado, con datos, cuánto controla, fiscaliza y mantiene en torno a la actividad minera y cuánto cuesta.
  2. Revisar el flanco de la fórmula. Evaluar con especialistas si el cálculo atado al precio de venta puede ajustarse para reforzar el argumento de que se grava la extracción y no la comercialización.
  3. Presupuestar con y sin piedra. El Presupuesto 2027 se vota en diciembre. Es el momento de que el Concejo conozca un escenario alternativo, aunque sea reservado, de cómo se cubrirían sueldos y servicios esenciales ante un fallo adverso.
  4. Pensar el día después. La iniciativa de Endere de planificar la reconversión minera, aunque no sea una solución inmediata, apunta a la pregunta correcta: no depender de un recurso que, por definición, no es renovable.

También hace falta diálogo con el sector. Una cosa es defender la legalidad del tributo y otra ignorar que las canteras están pasando por una de sus peores etapas en años.

Nada está perdido: hay argumentos sólidos, una historia de casi ocho décadas y un respaldo político inusual. Pero tampoco hay garantías. Mientras la Justicia federal decide, la ciudad tiene que dejar de hablar de la piedra como si fuera un hecho de la naturaleza. No es alarmismo, es aritmética: si se cae uno de cada seis pesos de la caja, alguien paga la diferencia. Y conviene que Olavarría sepa cuál es el plan antes de que le toque averiguarlo.

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