Se declaró interés legislativo la audiencia de lectura de veredicto de crímenes cometidos durante la ultima dictadura militar, este viernes la ciudad de Tandil se convertirá en un epicentro de la justicia y la memoria argentina. La sede de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) acogerá la lectura del veredicto del juicio por delitos de lesa humanidad conocido como «La Huerta», un proceso que, tras más de tres años de audiencias y la recopilación de un centenar de testimonios, culmina una etapa crucial en la búsqueda de Verdad y Justicia en la región.

El juicio, desarrollado originalmente en el Tribunal Oral Federal 1 de Mar del Plata, investigó la estructura del terrorismo de Estado en la Sub Zona 12, que abarcó un vasto circuito represivo que incluyó, además del ex centro clandestino «La Huerta», a lugares emblemáticos como Monte Pelloni en Olavarría, comisarías, unidades penales y la tristemente célebre Chacra de Méndez.

Un Triunfo de la Descentralización de la Justicia

La decisión de trasladar la lectura del veredicto a la UNICEN en Tandil no es un detalle menor, sino un gesto político y judicial de profundo significado. Como lo destacó el concejal Francisco González al presentar el proyecto de resolución que declaró el evento de interés legislativo municipal, la medida «refuerza el compromiso con la memoria y los derechos humanos en la región, acercando la justicia al territorio donde vivieron y resistieron las víctimas».

Esta descentralización, coordinada por el área de Derechos Humanos de la UNICEN, ha sido la tónica de todo el proceso, cuyas audiencias fueron retransmitidas en las distintas sedes universitarias, garantizando el acceso y la democratización del debate a la comunidad

Más Allá de los Nombres: La Complicidad Civil

«La Huerta» trascendió la mera lista de imputados —52 inicialmente, entre militares, policías y penitenciarios— para convertirse en una «radiografía de un sistema de terror». El juicio demostró la existencia de un plan sistemático y preciso, con un objetivo claro: paralizar a estudiantes, sindicalistas, docentes y trabajadores para imponer, sin resistencia, un único plan económico.

Uno de los aspectos más resonantes del proceso fue la incorporación de tramos adicionales que investigaron crímenes contra trabajadores y delegados de las cementeras Loma Negra y Avellaneda. Esto puso en evidencia, con la fuerza de documentos y testimonios, la complicidad civil, institucional e incluso eclesiástica que fue clave para el funcionamiento del circuito represivo, desmantelando la narrativa de que el terrorismo de Estado fue un fenómeno exclusivamente militar.

El Cierre de una Etapa

En la audiencia 75, los fiscales solicitaron 11 condenas a prisión perpetua, 20 penas de entre 13 y 20 años y 4 absoluciones, reflejando la magnitud y complejidad de los casos investigados.

La aprobación por unanimidad en el cuerpo legislativo municipal del proyecto que declaró de interés la lectura del veredicto subraya un consenso político esencial: que, a pesar de las diferencias partidarias, la condena a los crímenes de lesa humanidad y el compromiso con la Memoria, Verdad y Justicia siguen siendo pilares innegociables de la democracia local.

El 24 de octubre no solo se conocerá el destino judicial de 52 procesados. En la memoria social de la región, quedará grabado un registro más profundo: el de que «esta región también enfrentó su verdad… para que el silencio no siguiera ganando».