La iniciativa propone modificar el artículo 41 del Código Penal para establecer «nuevas agravantes para la determinación de la pena, teniendo en cuenta: la vulnerabilidad o indefensión de la víctima; la pluralidad de autores; la superioridad física del atacante o el alto grado de conocimiento técnico idóneo para producir un mayor peligro a la vida o integridad física de la víctima; o la utilización de armas, entre otros». La propuesta es que en todos estos casos se aplique el tercio superior de la escala penal correspondiente.

«Creemos que en lugar de hablar de ‘mano prohibida’, es necesario poner el foco en las condiciones particulares de la víctima y el victimario y en función de ello, endurecer las penas», explicó Petri.

Se trata de la primera propuesta concreta de parte del Congreso nacional en respuesta al flagelo de los llamados «ataques en manada» como el que sufrió fatalmente Fernando Báez, el joven de 19 asesinado brutalmente por un grupo de rugbiers a la salida de un boliche en Villa Gesell.

«Las situaciones de violencia extrema se llevan vidas de inocentes», alertó Petri en un comunicado.

Más allá de las modificaciones penales, el proyecto tiene como uno de sus pilares la cuestión de la capacitación «obligatoria para prevenir y terminar con situaciones de violencia, bullying y cualquier otra forma de discriminación para todas las personas que realizan prácticas deportivas en clubes, organizaciones civiles o estatales, con carácter amateur o federado».

Para el legislador mendocino, «los clubes deportivos son verdaderas poleas de transmisión y no pueden perder de vista la función social que desempeñan más allá del aprendizaje del deporte y la adopción de hábitos saludables».