Al respecto, uno de los intendentes que quedó en la mira del gremio es Hernán Bertellys, el jefe comunal de la ciudad de Azul. El propio Pablo Moyano lo mencionó debido los estrictos controles que se están realizando en su distrito.

Una situación que llevó a que Bertellys sea denunciado penalmente por parte de la Confederación Argentina de Transporte Automotor de Cargas (CATAC) por “posible comisión de delitos de privación Ilegal de la Libertad, Entorpecimiento en el Transporte de Cargas y abuso de autoridad”.

En Azul, la denuncia puntual de la CATAC se dio por un supuesto “abuso de autoridad” por parte del municipio, quien durante esta semana colocó fajas de seguridad a los camiones y también impidió que los choferes de los camiones bajen del vehículo para comprar comida o utilizar un baño.

Por eso, los denunciantes lo enmarcaron en el posible delito de “privación ilegítima de la libertad”.

“Para nosotros son compañeros de trabajo tan esenciales hoy para que tengamos el abastecimiento necesario para nuestra subsistencia. Nosotros etiquetamos la puerta de los vehículos para poder seguir la ruta epidemiológica, en el caso que se presente un caso de COVID 19 proveniente de un transportista. No es real que no puedan bajar, claro que lo pueden hacer, respetando los protocolos y con la rúbrica de la firma de hoja de ruta por parte del destinatario de la mercadería”-agregó el Intendente.

Por su parte, un informe que elaboró la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl), asegura que “actualmente, el sector experimenta una reducción de volúmenes transportados del orden del 40% y en algunas regiones alcanza el 50%”.

“Lo que genera una gran cantidad de viajes ociosos y pérdida de ingresos. La situación se ve agravada con una suba de costos de un 7% o 1000 pesos por camión diarios. Los números son preocupantes y revelan un sector golpeado, con una considerable baja en la actividad y un aumento de los costos sin freno», explicaron en un comunicado.