El próximo 1 de julio, el mapa vial bonaerense vivirá un cambio sísmico que dejará marcas profundas no solo en el asfalto, sino en el tejido social de la región. En un giro estratégico derivado de la aplicación del Decreto Nacional 97/2025, la administración de la crucial Ruta Nacional 226 —parte del corredor «Sur – Atlántico – Acceso Sur»— pasará de la empresa estatal Corredores Viales S.A. a manos de un consorcio privado por los próximos 20 años.

Este conglomerado, integrado por las firmas Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA, asume el control bajo una premisa que mezcla promesas de eficiencia tecnológica con una cruda realidad de ajuste laboral. El epicentro de esta transformación es la estación del Peaje de Hinojo, un símbolo geográfico y económico que hoy es sinónimo de angustia para sus trabajadores.

Para unos 80 trabajadores, la transición no es una estadística administrativa, sino el final abrupto de un ciclo. El 30 de junio marcará el último día de labores efectivas para operarios de cabina, supervisores, personal de balanza, maestranza y técnicos que, hasta ahora, garantizaban la operatividad del tramo.

La desvinculación masiva es una realidad tangible: la inmensa mayoría de los empleados ya ha firmado los acuerdos de salida, comenzando a percibir indemnizaciones pagadas en cuotas. En medio de la incertidumbre, surgió un dato peculiar: los montos finales, en muchos casos, superaron las proyecciones iniciales de los asesores legales, un «alivio» económico que no logra calmar la profunda resignación generalizada. Frente al grueso que aceptó los términos, una minoría ha optado por la vía judicial, calificando el proceso como un «despido encubierto» y negándose a firmar los acuerdos.

Este clima de tensión se ve exacerbado por el malestar creciente con el Sindicato de Peajes (SUTPA). Los empleados critican duramente lo que perciben como una «escasa incidencia» y falta de respaldo efectivo por parte del sindicato conducido por Facundo Moyano para garantizar la continuidad de las fuentes de trabajo.

La gran incógnita que desvela a las familias de Olavarría, Azul, Hinojo y Colonia Hinojo —localidades donde residen la mayoría de los afectados— es quiénes serán reincorporados por los nuevos concesionarios. Hasta el momento, el consorcio privado no ha emitido ninguna comunicación oficial sobre los perfiles o la cantidad de personal que planean absorber. El horizonte de reinserción es, cuando menos, sombrío debido al nuevo modelo de gestión.

El plan para el corredor apunta a una profundización agresiva de la tecnología free flow (flujo libre). Este sistema, que se apoya en cámaras de alta precisión y antenas para la lectura de patentes y TelePASE, reduce a su mínima expresión el cobro manual en cabinas y achica las estructuras administrativas. En este esquema, el personal de mantenimiento también se ve amenazado, ya que se contempla la tercerización completa de estas tareas. El mensaje implícito es claro: el futuro del peaje es con más tecnología y menos personas.

Paradójicamente, mientras se reduce el personal en la estación de Hinojo, el nuevo plan de infraestructura para el corredor bonaerense contempla una expansión de las zonas de cobro. El Ministerio de Economía ha oficializado la proyección de nuevas estaciones de peaje. Entre ellas, la más polémica se ubicará en la Ruta 226 a la altura de Vallimanca (kilómetro 390).

Esto significará que el viaje entre Olavarría y Bolívar, una ruta vital para la producción agrícola-ganadera y el transporte regional, sumará un nuevo costo directo. Para los vecinos, productores y transportistas, la privatización no solo se traduce en la pérdida de empleo para sus comunidades, sino también en un encarecimiento directo de la logística en una región clave para la economía provincial. El 1 de julio no solo cambiará el nombre de quien gestiona la ruta; comenzará un nuevo capítulo de eficiencia tecnológica para unos, y de incertidumbre laboral y mayores costos para la mayoría.