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La reciente investigación del CONICET y la UBA ha puesto el foco en el avance de capitales extranjeros sobre el territorio argentino. Según el nuevo mapa interactivo presentado por el Observatorio de Tierras, el 4% de las tierras del partido de Olavarría ya se encuentra en manos extranjeras. Si bien este porcentaje está por debajo del límite legal histórico, la derogación de la Ley de Tierras (Ley 26.737) abre un escenario de incertidumbre para el control de los recursos estratégicos en el centro de la provincia de Buenos Aires.

1. El fin del «Techo» al Capital Foráneo

Hasta ahora, la Ley de Tierras limitaba la propiedad extranjera al 15% del territorio de cada departamento. Con un 4% ya extranjerizado, Olavarría representa un territorio de alto interés para grupos económicos internacionales. La eliminación de los topes legales permite que estas firmas adquieran extensiones de tierra sin restricciones, consolidando el control sobre los yacimientos de piedra caliza y granito, esenciales para la industria nacional.

2. El «Impuesto a la Piedra»: ¿En riesgo la principal caja municipal?

El Derecho de Explotación de Canteras (conocido como Impuesto a la Piedra) es el motor de las obras públicas en Olavarría. El avance de la extranjerización sobre ese 4% inicial plantea desafíos críticos:

• Poder de Negociación: Con la tierra en manos de firmas globales, la capacidad del Municipio para fiscalizar y actualizar tasas se debilita. Las corporaciones suelen recurrir a tratados internacionales para litigar contra normativas locales que afecten su rentabilidad.

• Renta Global: Existe el riesgo de que los beneficios de la extracción se trasladen a casas matrices en el exterior, dejando en la ciudad el pasivo ambiental mientras el control del suelo permite maniobras sobre el valor declarado de lo extraído.

3. Pequeños Productores: El desplazamiento silencioso

Para el productor ganadero y agrícola del partido, ese 4% de extranjerización ya marca una tendencia de presión sobre el suelo:

• Competencia Desleal: Los productores locales no pueden competir con los precios que fondos de inversión o multinacionales mineras ofrecen por las tierras. Esto encarece los arrendamientos y empuja a las familias rurales a vender.

• Acceso a Recursos: La minería es intensiva en el uso de agua. Si la propiedad de las tierras que rodean arroyos o cuencas clave pasa a manos extranjeras, el acceso al agua para el ganado y la infraestructura de los caminos rurales podría quedar supeditado a intereses privados ajenos a la comunidad.

4. ¿Hacia un modelo de «Ciudades Mineras» Privatizadas?

El análisis de la UBA y el CONICET sugiere que la desregulación busca la «captura de bienes comunes». En Olavarría, el 4% de suelo extranjero coincide con áreas de alta riqueza mineral. Si este porcentaje crece sin control estatal, el desarrollo de localidades como Sierras Bayas, Loma Negra o Hinojo podría verse frenado, ya que la expansión urbana chocaría con los intereses de propietarios extranjeros que priorizan la explotación de canteras por sobre las necesidades habitacionales locales.

El desafío de la autonomía local

Olavarría se encuentra en una posición única pero vulnerable. Como advierte el informe del CONICET, «quien decide sobre el suelo, decide sobre el destino».

El dato del 4% es el punto de partida. Sin el paraguas de la Ley de Tierras, el partido corre el riesgo de pasar de una economía diversificada a un modelo de enclave extractivo, donde las decisiones sobre el Impuesto a la Piedra y la supervivencia del pequeño productor dejen de tomarse en el Palacio San Martín, para definirse en directorios a miles de kilómetros de distancia.