«No es flexibilidad, es sumisión: El grito de las calles contra el saqueo de derechos», bajo la consigna de una Argentina «Libre, Justa y Soberana», una multitud se movilizó para rechazar la reforma laboral de Milei. El documento leído en el acto central denunció un intento de «esclavitud disfrazada de libertad» y vinculó la pérdida de derechos con la entrega de los recursos nacionales.

Las calles hablaron. En una jornada marcada por la unidad del movimiento trabajador, organizaciones sociales y sectores de la economía popular, se leyó un documento que no solo analiza leyes, sino que describe una realidad angustiante: el intento de «aplastar la vida de los trabajadores» para facilitar el saqueo de los intereses económicos extranjeros.

El documento fue tajante al señalar que la crisis actual —caracterizada por el cierre de fábricas y una ola de despidos— no es una coincidencia, sino una herramienta política. «Si cuesta conseguir trabajo y el salario no alcanza, quedamos expuestos a aceptar condiciones indignas con tal de sobrevivir», rezaba uno de los párrafos más potentes.

La crítica a la llamada «modernización laboral» se centró en la pérdida del control sobre la propia vida. Según el manifiesto leído, el proyecto busca que los empresarios pasen de organizar la producción a decidir sobre el tiempo libre de los empleados: desde la imposibilidad de hacer deporte por miedo a lesiones, hasta el descuento salarial por enfermedades o la imposibilidad de cuidar a la familia.

Se denunció que esta reforma no solo asfixia al trabajador bajo convenio, sino que busca la desprotección total de:

Trabajadores de plataformas y cuentapropistas.
Cooperativas y emprendimientos de la economía popular.
Monotributistas y empleados públicos.
Jubilados, víctimas de un sistema que prioriza el pago de la deuda externa por sobre la dignidad humana.

«No hace falta una reforma de estas características para generar trabajo; esto va a contramano del mundo, donde se discute la reducción de la jornada laboral», sentenciaron los referentes.

El proyecto de ley es una «obediencia absoluta al FMI». El objetivo final sería desarmar a las organizaciones sociales y sindicales, manteniendo a la población en una «urgencia constante» para que no haya margen para el reclamo ni la discusión política.

El cierre del documento vinculó la lucha por el pan con la lucha por la libertad política. En un fuerte llamado a la unidad del campo nacional y popular, se exigió el fin de la persecución judicial y se reclamó la libertad de la compañera Cristina, entendiendo que no hay soberanía posible con presos políticos ni con un pueblo sumiso.

La movilización dejó un mensaje claro al Gobierno: el trabajo argentino se defiende y la dignidad no se negocia en redes sociales ni en oficinas extranjeras. La lucha contra la reforma recién comienza.