Al igual que en servicios, alquileres y créditos el Gobierno definió que la medicina privada no podrá interrumpir la atención por falta de pago.

Las empresas de medicina prepaga se comprometieron a no realizar cortes en la prestación del servicio por falta de pago ni aumentar las cuotas, al menos, por los próximos seis meses. Todavía resta saber si se mantendrá como un compromiso con el Gobierno o habrá algún decreto que lo especifique. Por lo pronto, el Poder Ejecutivo les otorgó una serie de beneficios, casi todos los pedidos por el sector, en materia tributaria y de reducción de costos para la importación de insumos médicos.

El presidente Alberto Fernández anunció en estos días una serie de medidas para morigerar las complicaciones económicas que genera la cuarentena, la cual podría extenderse hasta fines de abril, cuando se prevé el pico de contagios. Junto con el congelamiento de tarifas de servicios, alquileres, cuotas de créditos y desalojos, se abrió el interrogante respecto de lo que sucedería con la medicina privada.

En los últimos años las prepagas registraron abultados aumentos que estuvieron por encima del promedio de inflación. En 2016 fueron autorizadas a aumentar 43,5 por ciento en 2017, un 31,3 por ciento en 2018, 40,8 por ciento y en 2019 acumularon subas por 62,8 por ciento.

Frente a la necesidad de mantener el servicio, el Gobierno les otorgó a las prepagas una serie de beneficios para equilibrar las cuentas de la actividad. Eliminó por tres meses las contribuciones patronales del sector, redujo Ingresos Brutos para sanatorios y hospitales, recortó el Impuesto al Cheque (a créditos y débitos) de 1,4 al 0,8 por ciento hasta igualarlo con lo que pagan las obras sociales.