«La hipocresía del rechazo: Cuando la política se antepone a la salud de los vecinos», en el marco de la reciente sesión en el Concejo Deliberante, la discusión por la gratuidad del sistema de salud pública en el Partido de Olavarría dejó al desnudo no solo una diferencia de criterios, sino una contradicción profunda en el seno de la oposición local. Lo que debería ser una noticia celebrada por todo el arco político —la garantía de acceso gratuito a la salud para cada vecino, sin importar su condición socioeconómica— se convirtió, una vez más, en el escenario de una disputa dilatoria que poco tiene que ver con los intereses de la gente.

El juego de las excusas

El argumento esgrimido por los bloques opositores, encabezados por figuras como el concejal Hilario Galli (PRO), se centra en una supuesta falta de «tratamiento adecuado» del expediente, el cual permaneció en comisión desde septiembre del año pasado. Sin embargo, los hechos son tozudos: durante ocho meses, el texto del articulado en cuestión no recibió una sola contrapropuesta ni una observación formal que buscara corregir el rumbo.

La pregunta que surge inevitable es: ¿qué hicieron durante esos ocho meses? Si la intención real fuera mejorar la técnica legislativa, el tiempo fue más que suficiente. La realidad, al menos en la práctica, sugiere que los pedidos de informes fueron utilizados únicamente como una herramienta para frenar, trabar y dilatar, evitando el momento incómodo de tener que explicarle al vecino por qué no quieren acompañar una medida que los beneficia directamente.

Técnica vs. Realidad

En cuanto a los puntos técnicos, la oposición ha buscado instalar un manto de duda sobre la sustentabilidad del sistema. No obstante, la ordenanza es clara: la tasa por servicios asistenciales no desaparece, sino que cambia de sujeto pasivo. El peso del pago se traslada de la billetera del vecino a las obras sociales y prepagas. Es, en esencia, una medida de justicia distributiva.

Resulta, cuanto menos, curioso asistir a este ejercicio de «doble vara». Mientras algunos sectores de la oposición protagonizan campañas mediáticas exigiendo la eliminación de tasas municipales para aliviar el bolsillo del contribuyente, cuando el Ejecutivo local propone efectivamente eliminar una carga sobre la salud, se oponen alegando riesgos financieros. ¿Están a favor de que el vecino pague menos o simplemente están en contra de que la gestión actual tenga éxito?

La verdad detrás del rechazo

Las estadísticas desmienten el fantasma de la «pérdida de recursos» o la llegada masiva de usuarios de alta solvencia al sistema público: el flujo de pacientes se mantiene estable. Por lo tanto, el argumento presupuestario cae por su propio peso.

Lo que queda en evidencia es una actitud política que prefiere el bloqueo sistemático al bienestar común. La gratuidad de la salud no es un capricho administrativo, es la concreción de una promesa de campaña que hoy se transforma en un derecho blindado. La oposición de Olavarría tiene hoy una oportunidad histórica de rectificar su postura: abandonar las excusas técnicas y acompañar una medida que, al final del día, es lo que los vecinos necesitan y merecen.

La salud pública no tiene color político, pero la hipocresía en su tratamiento, lamentablemente, sí tiene responsables.