La Comisión Provincial por la Memoria se constituye como particular damnificado en la causa por la muerte de Gonzalo Tamame: un llamado urgente a la verdad y la justicia.

La reciente muerte de Gonzalo Ezequiel Tamame en la Comisaría Primera de Olavarría ha generado una profunda conmoción en la comunidad local y en organismos de derechos humanos. En este marco, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, ha decidido presentarse como particular damnificado en la causa penal que investiga el fallecimiento del joven, con el objetivo de garantizar una investigación judicial independiente, libre de interferencias policiales y orientada al esclarecimiento integral de los hechos.

Tamame fue detenido en la madrugada del 23 de julio y trasladado a la dependencia policial, donde horas más tarde fue hallado sin vida. La versión oficial sostiene que se habría suicidado utilizando un buzo, sin embargo, registros fílmicos tomados por testigos ocasionales muestran que Gonzalo fue golpeado durante su aprehensión y que, al ingresar a la comisaría, pedía ayuda y gritaba que no podía respirar.

Estas imágenes contradicen el relato policial y refuerzan la necesidad de una investigación seria, transparente y libre de presiones institucionales.

La CPM ha manifestado públicamente su preocupación por la reiteración de muertes bajo custodia estatal en comisarías bonaerenses. Desde 2012, el organismo ha documentado al menos 89 muertes por ahorcamiento en dependencias policiales, siendo esta la principal causa de fallecimiento en lugares de detención. Esta cifra no solo revela una alarmante tendencia, sino que interpela directamente al Estado en su deber de cuidado y en la responsabilidad que le compete por acción, omisión o negligencia.

En paralelo al avance judicial, la CPM exige que el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires inicie actuaciones administrativas inmediatas y aparte preventivamente a los efectivos involucrados en el hecho. La gravedad de la situación no admite dilaciones: la muerte de una persona bajo custodia estatal requiere respuestas institucionales firmes, tanto en el plano judicial como en el administrativo.

La represión ejercida por la Policía Bonaerense contra quienes se manifestaban pacíficamente en Olavarría en reclamo de justicia por Gonzalo Tamame agrava aún más el cuadro institucional. El uso de balas de goma, las detenciones arbitrarias y la falta de diálogo por parte de las autoridades policiales constituyen prácticas que vulneran derechos fundamentales y profundizan la crisis de legitimidad de las fuerzas de seguridad.

La CPM reafirma que no es con represión como se responde al dolor social, sino con escucha activa, compromiso político y políticas públicas orientadas a erradicar la violencia institucional. La presentación como particular damnificado no solo busca impulsar el proceso judicial, sino también visibilizar una problemática estructural que requiere transformaciones profundas en el sistema de seguridad y en la cultura institucional de las fuerzas policiales.

La muerte de Gonzalo Tamame no puede quedar impune. Es responsabilidad del Estado garantizar que cada hecho de violencia institucional sea investigado con seriedad, que se sancione a los responsables y que se implementen medidas concretas para evitar que estas tragedias se repitan. La CPM, como organismo autónomo comprometido con la defensa de los derechos humanos, asume ese desafío con firmeza y convicción.