Martello, también titular del Observatorio de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Defensoría, insistió en que “es necesario recuperar ingresos para garantizar derechos” durante las terceras jornadas “Dejando Huellas por sus Derechos”, en la Universidad Nacional del Sur (UNS) de Bahía Blanca.

“La AUH es la principal política del Estado para contener la situación social, pero está resultando insuficiente y pierde la carrera contra la inflación. Es necesario priorizar y reforzar las partidas presupuestarias de los programas sociales a nivel nacional y provincial”, advirtió el defensor adjunto.

En esa línea, propuso: “El nuevo impuesto al juego online y a los premios de las tragamonedas podría aportar una parte de esos recursos en la Provincia. Sólo con el juego online se calcula que recaudará 1.400 millones en 2019, cifra siete veces superior al presupuesto actual del Programa Envión, el cual está destinado a chicos de entre 12 y 21 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad social”.

Por su parte, Martello consideró que “los consejos locales pueden funcionar como un importante primer dique de contención a la hora de intervenir ante la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, pero lamentablemente estos espacios, contemplados por el marco normativo vigente, en varios municipios no están funcionando o ni siquiera fueron creados”.

A la vez, aclaró que el financiamiento de los programas sociales arrastra problemas desde hace más de una década: “En 2006, el Ministerio de Desarrollo recibía poco más del 5% de los recursos totales de la Provincia y desde ese momento, con algunos vaivenes, comenzó a reducirse la incidencia”.

“Hoy nos encontramos con que las políticas sociales solo recibirán en 2019 el 2,51%. De haberse mantenido la asignación de 2006, en términos porcentuales, al Ministerio de Desarrollo Socialle correspondería en 2019 47.000 millones de pesos más que lo pautado, es decir, el doble del presupuesto”, disparó el especialista.

Por otro lado, Martello analizó la discusión en torno al debate por la baja de la edad imputabilidad. “Las estadísticas del Poder Judicial, a nivel nacional y provincial, muestran que en los casos judicializados la incidencia de los hechos delictivos cometidos por jóvenes de entre 13 y 15 años viene disminuyendo”, explicó.

En tanto, sostuvo que en aquellos distritos donde se registra un aumento de las intervenciones judiciales que involucran a adolescentes, son las regiones de la Provincia donde más están impactando el crecimiento de la pobreza y la indigencia.