Inseguridad y estafas: reclaman por unanimidad que la Provincia adhiera al bloqueo tecnológico en establecimientos penitenciarios, la problemática de las estafas virtuales, un delito que creció de forma exponencial en los últimos años y que golpea de manera directa a los vecinos de Olavarría, sumó un nuevo capítulo legislativo. Por unanimidad, el Concejo Deliberante aprobó un proyecto de comunicación presentado por el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), a través del cual se le solicita al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires que adhiera de manera urgente al régimen nacional de detección y bloqueo de comunicaciones en establecimientos penitenciarios.

La iniciativa, defendida en el recinto por el concejal Francisco González, pone sobre la mesa una realidad inocultable y comprobada judicialmente en reiteradas oportunidades: una porción significativa de las bandas delictivas que operan estafas telefónicas y virtuales en la región canalizan sus operaciones desde el interior de unidades carcelarias, contando muchas veces con complicidades externas.

“En nuestra ciudad hemos tenido allanamientos y se han desbaratado bandas delictivas que incluían tanto a personas detenidas como a actores de afuera con el único fin de estafar a nuestros vecinos”, advirtió el edil radical durante el debate parlamentario.

El respaldo de la normativa nacional y el rol del ENACOM

El reclamo del radicalismo local no surge en el vacío, sino que se alinea con las herramientas normativas que la Nación comenzó a instrumentar recientemente. A nivel federal, el Ministerio de Seguridad nacional dictó la Resolución N° 336/26, que autoriza al Servicio Penitenciario a instalar y poner en funcionamiento dispositivos tecnológicos capaces de detectar, interferir y bloquear llamadas, correos electrónicos y mensajes de texto orientados a consumar delitos.

Asimismo, la medida se articula con la Resolución N° 300/26 del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), diseñada para exigir a las empresas prestadoras de telefonía móvil un trabajo conjunto y coordinado con los organismos de seguridad. Ante este escenario, desde el bloque UCR consideraron imperioso que la provincia de Buenos Aires —dueña de uno de los sistemas penitenciarios más grandes y complejos de todo el país— no quede al margen y replique esta tecnología en su territorio.

Un delicado equilibrio entre seguridad y derechos

Uno de los puntos destacados en la discusión del proyecto fue el reconocimiento de la complejidad que entraña la restricción de señales en contextos de encierro. Los ediles advirtieron sobre el dilema que genera la medida, señalando que la inmensa mayoría de las personas privadas de su libertad utilizan los dispositivos de forma legítima para vincularse con sus familias, sostener vínculos afectivos o desarrollar trayectos educativos.

“Lamentablemente sabemos que no son todas las personas. Esto termina siendo lo que muchas veces denominamos ‘pagar justos por pecadores’, pero es una problemática que va creciendo de manera alarmante y que ya ha traído consecuencias directas y graves en nuestra ciudad”, sintetizó González.

Con el respaldo unánime de todo el cuerpo legislativo, el mensaje político enviado a la gobernación provincial es claro: la prioridad absoluta debe ser llevar tranquilidad a nuestros vecinos. Quienes cotidianamente sufren las consecuencias de estas maniobras —ya sea habiendo caído en la trampa económica o atravesando la angustia de la exposición— exigen respuestas firmes del Estado. La pelota se encuentra ahora en el terreno del Ejecutivo provincial, llamado a dar el paso institucional que los municipios reclaman con urgencia.