«Hilario Galli contra la gestión de Wesner: Cuando la gestión falla, el costo lo pagan los vecinos», la caída de más de 150 mm de agua en pocas horas dejó a Olavarría en una situación crítica: barrios anegados, pérdidas materiales para cientos de vecinos y un sistema de drenaje que simplemente no respondió. Sin embargo, lo ocurrido anoche no puede atribuirse exclusivamente a la intensidad de la tormenta. Detrás del agua estancada hay decisiones administrativas que hoy muestran su peor cara.

Crónica de una inundación anunciada

En noviembre de 2024, la gestión municipal de Maximiliano Wesner emitió un decreto que modificó sustancialmente el servicio de higiene urbana en la ciudad. Bajo un argumento de reestructuración de costos, se establecieron reducciones drásticas en tareas que son la columna vertebral de la prevención hídrica:

Menos barrido manual y mecánico: Al reducir la frecuencia de limpieza en las calles, el residuo acumulado (tierra, hojas, sedimentos) queda a merced de la lluvia.

Recorte del 50% en la limpieza de sumideros: El sistema de alcantarillado perdió la mitad de su mantenimiento preventivo, debilitando la entrada de agua hacia los conductos principales.

Funcionamiento básico vs. Decisiones políticas

Como señaló recientemente Hilario Galli, no se trata de una teoría compleja, sino de funcionamiento urbano básico: si reducís la limpieza, los desagües se tapan. Cuando el agua no tiene por dónde escurrir debido a la obstrucción de las bocas de tormenta, la ciudad se inunda mucho más rápido de lo que su infraestructura original permitiría.

Las lluvias extraordinarias son fenómenos climáticos que no se pueden evitar, pero sus consecuencias se gestionan. La diferencia entre una calle que drena en minutos y una que inunda viviendas suele estar en el mantenimiento previo que se hizo —o se dejó de hacer— meses atrás.

El precio que pagan los vecinos

Cuando la gestión de riesgos falla por priorizar recortes presupuestarios en servicios esenciales, el costo se traslada directamente al ciudadano. Los vecinos que hoy limpian el barro de sus casas y contabilizan muebles perdidos son quienes terminan subsidiando, con su patrimonio personal, el ahorro que el Municipio intentó generar por decreto.

Esto no es una discusión de banderas políticas; es una cuestión de eficiencia operativa. Una ciudad que pretende ser segura debe entender que la higiene urbana es, antes que nada, la primera línea de defensa ante la emergencia.