Gratuidad sanitaria: entre la promesa de campaña y la realidad económica, el concejo deliberante debatió la medida inmediata: la derogación de la tasa de salud pública. Aunque el oficialismo sostiene la gratuidad como bandera y cumplimiento de promesas de campaña, voces dentro del cuerpo legislativo advierten sobre las consecuencias estructurales de eliminar esta herramienta de gestión en un contexto de crisis sanitaria.

El concejal Hilario Galli, no cuestionó el espíritu de la propuesta ni la gratuidad en sí, sino el mecanismo elegido para implementarla. Para el edil, «se puede llegar al mismo fin sin derogar el artículo, sino modificándolo», manteniendo así una herramienta que considera esencial para la sostenibilidad del sistema.

Los números detrás de la preocupación

La postura de Galli se apoya en un análisis de la evolución del déficit sanitario tras la pandemia. Según datos presentados por el concejal, por cada peso que ingresa al sistema por prestaciones (obras sociales y coparticipación), el municipio debe destinar 1,45 pesos para sostener la atención. Esta cifra marca un incremento drástico si se compara con los niveles prepandemia, donde el déficit promediaba el 77%.

«Si uno se centra solamente en la foto de hoy, pero profundiza esta situación, no va a tener recursos ni siquiera para atender a nadie», advirtió Galli, haciendo énfasis en el estado crítico de las cuentas municipales.

¿Gratuidad o barrera de acceso?

Uno de los puntos centrales del debate es la interpretación histórica de la tasa. Desde el bloque opositor se argumenta que, durante los últimos 25 años, el tributo no ha funcionado como una «barrera» para el acceso a la salud, debido a que existían mecanismos legales para eximir a quienes no podían pagar.

Sin embargo, la derogación total podría abrir, según el concejal, un escenario complejo. El riesgo identificado se divide en dos frentes:

Litigiosidad: La posibilidad de enfrentar demandas de prepagas y obras sociales con las que no se tienen convenios vigentes.

Migración de coberturas: La pérdida de un filtro administrativo que podría incentivar a personas con capacidad de pago a abandonar sus prepagas para atenderse gratuitamente en el hospital público, saturando aún más un sistema ya presionado.

El fracaso del consenso en comisiones

La nota política se completa con una frustración procedimental. Galli reveló que intentó proponer modificaciones técnicas en las comisiones de trabajo, pero la posibilidad de un punto medio fue rechazada. Al cerrarse la puerta a una redacción alternativa que permitiera la gratuidad sin desmantelar la capacidad recaudatoria, el edil ratificó su postura: «No me gustaría perder la herramienta».