¿Gratuidad garantizada o un problema a futuro para los olavarrienses?, el reciente debate legislativo en torno a la gratuidad del sistema de salud pública en nuestro distrito ha dejado expuesta una grieta que excede las cuestiones partidarias: el conflicto entre el impacto político de una medida y su viabilidad técnica a largo plazo. En este escenario, la intervención del concejal Guillermo Lascano ha puesto el foco en una advertencia que merece ser analizada con profundidad.

Más allá del consenso general sobre la importancia del acceso universal a la salud, el eje de la discusión ha girado hacia la «letra chica» del proyecto. Lascano, al fundamentar la negativa de su bloque a acompañar la iniciativa, no atacó el espíritu de la propuesta, sino su estructura. Su planteo es claro: un sistema de salud que se promociona como gratuito pero que carece de un plan de sostenibilidad financiera, corre el riesgo de convertirse en un «espejismo» administrativo.

La crítica central del edil apunta a la rapidez con la que el expediente atravesó las comisiones de Hacienda y Legislación. Según Lascano, esta celeridad impidió evaluar el impacto real que la medida tendrá sobre el futuro de los olavarrienses. El argumento no es menor: la historia de la gestión pública está plagada de grandes ideas que, al no contar con un respaldo presupuestario sólido, terminan degradándose con el paso del tiempo, afectando precisamente a los sectores más vulnerables que intentaban proteger.

Para el bloque que representa Lascano, al proyecto le falta «el otro 50%»: la garantía de que el servicio no solo sea gratuito hoy, sino que mantenga su calidad y operatividad mañana. El temor —fundado en la experiencia de gestión— es que, una vez superado el impacto mediático del anuncio, la realidad presupuestaria termine convirtiendo un derecho en un problema de infraestructura y atención que la comunidad deberá pagar con peores servicios.

La postura del concejal no es una negativa cerrada a la gratuidad, sino un llamado a la responsabilidad técnica. Queda ahora planteado el debate: ¿es suficiente con la voluntad política, o es indispensable que cada avance en la estructura pública vaya acompañado de un plan de gestión que garantice su supervivencia?

La salud de los vecinos no admite improvisaciones, y el desafío para el cuerpo deliberativo será demostrar si pueden completar ese «50%» faltante antes de que la realidad del sistema imponga sus propias, y muchas veces amargas, soluciones.