La Justicia determinó que el Estado es responsable por las lesiones permanentes que sufrió un efectivo local durante un violento operativo. El fallo subraya que el riesgo profesional tiene un límite y que el «sacrificio» del agente debe ser compensado.

En una sentencia que sienta un fuerte precedente para las fuerzas de seguridad en la región, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Azul condenó a la Provincia de Buenos Aires a indemnizar a un policía de Olavarría con una suma que, entre capital e intereses, supera los 5.300.000 pesos.

Un operativo que terminó en tragedia personal

El hecho ocurrió mientras el oficial se encontraba en pleno cumplimiento de sus funciones. Lo que comenzó como una intervención de rutina derivó en una situación de violencia desmedida que le provocó lesiones físicas irreversibles. Tras años de proceso judicial, la pericia médica fue determinante: el agente quedó con una incapacidad parcial y permanente que le impide continuar su carrera en condiciones normales.

Los ejes del fallo: ¿Por qué paga el Estado?

La defensa del efectivo, centrada en la responsabilidad civil de la administración pública, logró que la Justicia aceptara tres puntos fundamentales:

• Falta de servicio: Se consideró que el operativo no garantizó las medidas mínimas de seguridad para el personal actuante.

• Indemnización vs. Retiro: El tribunal aclaró que el «haber de retiro» que el policía pueda cobrar no anula su derecho a ser resarcido por el daño físico y moral sufrido.

• Daño al «Proyecto de Vida»: La cifra millonaria contempla no solo la curación, sino el impacto psicológico y la frustración de una carrera profesional truncada por la violencia.

Un mensaje para la fuerza

Este fallo es seguido de cerca por los efectivos de la Bonaerense en Olavarría y la zona. La sentencia rompe con la idea de que el policía debe «soportar todo» por el solo hecho de serlo. La justicia fue clara: el uniforme no quita el derecho a la integridad física.

La importante cifra deberá ser abonada por el Ministerio de Seguridad provincial, marcando un llamado de atención sobre la necesidad de mejores protocolos y equipamiento para quienes están en la primera línea de fuego.