El Gobierno recibió a la CGT por la emergencia alimentaria
Los ministros Dante Sica y Carolina Stanley recibieron a la conducción de la CGT en el marco del reclamo por la emergencia alimentaria, aunque resaltaron que esa iniciativa «se tiene que definir en el Congreso».
El gobierno se reunió con la cúpula de la CGT para atender el reclamo multiparditario por la emergencia alimentaria: dio vía libre para la discusión parlamentaria de la iniciativa, escuchó reclamos sectoriales y prometió ayuda alimentaria a sectores golpeados por la crisis económica, como metalúrgicos y trabajadores de la construcción.
La ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, y su par de Producción y Trabajo, Dante Sica, mantuvieron un encuentro con dirigentes de la CGT en la sede de la cartera social luego de que la central obrera se sumará el último miércoles al reclamo por la emergencia alimentaria.
Del encuentro participaronHéctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (Estacioneros), Antonio Caló (UOM), José Luis Lingieri (Obras Sanitarias), Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (Comercio) y Gerardo Martínez (UOCRA), mientras que en representación de la cartera sanitaria también estuvieron presentes Carlos Pedrini, secretario deArticulación Política y Social, y Fernando Reggio, subsecretario de Abordaje Terriorial.
La polémica por el reclamo por mayor cobertura de merenderos y comedores frente al aumento de la inflación ha ido subiendo con el correr de los días. En el Ejecutivo argumentaron que cubren las necesidades con las reasignaciones que permite la ley de emergencia social de 2016. Tras la reunión, Stanley volvió con el mismo argumento: «reasignamos partidas, se aumentó la cantidad de raciones, los montos de las raciones y también se habló de lo que se hizo en el marco del IVA para alimentos, que ya se cobró el bono de $1.000 que se dio para Asignación Universal por hijo y, a partir de ahí, se generó todo un diálogo de poder explicar todas estas situaciones».
En declaraciones radiales, la funcionaria sí expuso el cambio de postura del Ejecutivo: «la emergencia alimentaria depende del Congreso de la Nación y éste no es el marco en el que se va a tratar, hay distintos proyectos y va a ser ahí». Es que la oposición pedirá esta semana una sesión especial en Diputados para tratarla. Con todo, no hay uniformidad de voces: legisladores que responden al Frente de Todos son cautos por el costo fiscal de una medida que podría impactar en las arcas nacionales durante un eventual mandato de Alberto Fernández.
Frente a la pérdida de costo de vida debido al aumento inflacionario persistente, acelerado tras las PASO, los sindicalistas pidieron un bono de $5 mil, la aplicación de las cláusulas de revisión en las paritarias y ayuda extra para trabajadores suspendidos o cesanteados en las últimas semanas.
Al respecto, un funcionario consultado por este diario dijo que los gremialistas «ofrecieron estructura para que lleguen alimentos a los más vulnerables a través de las regionales de cada institución. Y sí hubo planteos de metalúrgicos o trabajadores de la UOCRA en dificultades por la crisis para que podamos ayudarlos a través de las filiales», por lo que trascendió que se podría implementar una suerte de tarjeta alimentaria.
También los jefes sindicales hicieron reclamos por problemas recurrentes en algunas obras sociales. «Pero no pidieron una ley de emergencia alimentaria», aclaró el funcionario consultado.
Por otra parte, el Ministerio de Producción y Trabajo decretó la conciliación obligatoria, con validez a partir de las 0 horas de hoy y por el plazo de 15 días, para los conflictos suscitados por los trabajadores representados por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que prestan tareas en laAdministración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
Tras ser publicado en el Boletín Oficial el 4 julio pasado, aprobado por resolución 534, comenzó a funcionar el Sindicato Unico de Trabajadores de Ferias de la República Argentina. Desde el gremio identifican a los dueños de «las saladitas» como uno de los responsables de la degradación de los trabajadores y dueños de puestos. Ahora intentan proponer una ley para regular la actividad. «El proyecto es ambicioso pero realizable», sostuvo Walter Godoy, flamante titular del gremio. «No existe experiencia similar de agremiación en el mundo. Debemos plantar una bandera que sirva de referencia para que en otros países se nutran de lo que estamos haciendo, porque con este modelo sindical ganan todos, puesteros, dueños de predios y el Estado», concluyó.
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