La Comisión Provincial por la Memoria pidió la liberación de detenidos que se encuentren en condiciones de recibir una morigeración de la pena, para descomprimir la situación carcelaria. Desde el Gobierno aseguraron que ‘todavía no hay medidas puntuales en estudio’.

El Gobierno bonaerense aseguró que no se encuentra en estudio un plan para bajar las penas de los detenidos en cárceles de la provincia, tal como lo sugirió en las últimas horas un organismo de Derechos Humanos, en medio de la crisis carcelaria que se declaró poco antes de la asunción de Axel Kicillof.

Según había trascendido en medios nacionales, existía un plan para reducir las penas a condenados por ciertos delitos, de forma de excarcelar a madres con hijos, personas de 60 años que hayan cumplido la mayoría de la condena o presos sin sentencia firme que cometieron delitos menores.

El coordinador del área de Justicia de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Rodrigo Pomares, aseguró que «las medidas de libertad anticipada, como la condicional por ejemplo, son una de las propuestas en estudio». Además, agregó que se podría «sacar a las personas que no deberían estar detenidas ni en cárceles ni en comisarías: enfermos graves, mujeres con hijos, personas con edad… hay una serie de colectivos dentro de las unidades carcelarias y de los destacamentos policiales que no deberían estar».

Desde la CPM aseguraron que habría entre 10 mil y 15 mil personas en condiciones de ser excarceladas bajo ese mecanismo. Y agregaron que el tema iba a plantearse en la Mesa interinstitucional que el próximo 5 de febrero se trasladará a las cárceles para atender el reclamo de presos y familiares.

Sin embargo, desde el Gobierno negaron esta información y aseguraron que «todavía no hay medidas puntuales en estudio». Fuentes del ministerio de Justicia que conduce Julio Alak aseguraron que «esta es una etapa muy preliminar».

Sobre la posibilidad de efectuar la liberación de detenidos que se encuentren en condiciones de recibir una morigeración de la pena, desde la Provincia aclararon que «dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada», e indicaron que «quienes tienen la decisión de liberar a alguien son los jueces».

La posibilidad de fue planteada el año pasado por el Defensor de Casación Penal de la Provincia, Mario Coriolano, quien emitió una resolución en la que exhortaba a buscar medidas «alternativas» de encierro.

En tanto, la Suprema Corte bonaerense lanzó una resolución en la que pidió a los jueces bonaerenses que hagan un «uso razonable» de la prisión preventiva al considerar el «gravísimo panorama de las condiciones de detención».

Visita a cárceles

Al asumir frente a la Gobernación provincial, Kicillof debió afrontar una huelga de hambre de más de 10 mil internos, que en el último tramo de la gestión de María Eugenia Vidal reclamaban por la falta de comida en las penitenciarías.

Días después de la jura, el mandatario creó una «mesa interinstitucional de diálogo» con el objetivo de reunir a todos los actores institucionales del área y evaluar soluciones comunes. En ese marco, se anunció que el 5 de febrero la mesa se trasladará a las cárceles para recibir el reclamo de detenidos y sus familiares.